Hace escasamente una semana la Comisión de Empleo ySeguridad del Congreso dio luz verde al proyecto de Ley de Reforma Urgente del
Sistema de Formación Profesional para el Empleo, que pasará ahora al Senado con
importantes cambios y que deja a las organizaciones sindicales y empresariales
fuera de la gestión de los fondos y de la impartición de estas actividades.
Se han introducido 49 enmiendas al texto, 38 de ellas
transaccionadas con los otros grupos parlamentarios con el objetivo de
conseguir el mayor consenso y una ley estable en el tiempo.
¿Dónde se han
introducido los cambios más notables? Destacan los que afectan al papel de los
agentes sociales en el sistema, a los centros públicos formativos, al
denominado ‘cheque formación’ y a la posibilidad de agrupamiento de empresas pequeñas
para formarse.
Detallamos los cambios más significativos:
- Será el sector privado, a través de entidades especializadas en la impartición de formación profesional, el que desarrolle esta área en un entorno de libre competencia.
- Cheque formación. Este cheque da la oportunidad a las personas que estén en situación de desempleo de invertir en su formación, que irá orientada a la reinserción laboral. Pues bien, a partir de ahora, los desempleados podrán elegir el centro donde quieren recibir esa formación y será la Administración la que se encargue de abonar al centro este cheque. Su implantación será consultada previamente con sindicatos y empresarios y, las comunidades autónomas podrán determinar los criterios a seguir.
- Establecimiento de una cuenta de formación asociada a cada trabajador, que le acompañará toda la vida laboral y que certificará toda la formación que haya hecho.
- Las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán agruparse para acceder a la formación y de este modo compartir costes. Se mantiene la exención en el pago para aquellas empresas con menos de cinco trabajadores y se ha reducido el coste para las que tengan entre seis y diez empleados.
- Se introducirá una partida en los presupuestos generales del Estado (PGE) para dotar de fondos a la red de centros públicos formativos.
- Las comunidades autónomas podrán, dentro de una horquilla, adecuar los costes de los módulos formativos, teniendo en cuenta que los costes laborales no son los mismos en todos los territorios.
- Los fondos de formación que no hayan sido empleados en un año podrán utilizarse en el ejercicio siguiente.
Así mismo, la reforma también recoge un endurecimiento de
las sanciones por casos de fraude, bajo el principio de ‘tolerancia cero’ en la
gestión de los fondos de formación.
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